La Superintendencia de Sociedades presentó un proyecto de modificación al régimen general de sociedades y de insolvencia. Este proyecto tuvo como punto de partida algunos de los temas contenidos en los proyectos de ley que en años anteriores se habían presentado al Congreso (en particular los PL 002/17 Senado, 137/18 Cámara y 35/18 Cámara), los cuales fueron discutidos y enriquecidos en una primera etapa con los aportes de funcionarios de la Entidad.

De este ejercicio, se obtuvo una primera propuesta de articulado y de temas a discutir, los cuales fueron puestos a consideración de los profesionales y académicos invitados a participar en las mesas de trabajo instaladas en el 2019 con ocasión de los 80 años de la Superintendencia de Sociedades.

Esas discusiones, que se realizaron alrededor de 5 ejes temáticos (Régimen de administradores, protección de asociados, el rol del supervisor y la revisoría fiscal, disolución y liquidación privada e insolvencia), sirvieron de punto de partida para algunos desarrollos normativos posteriores. Así, por ejemplo, una vez fue necesario afrontar la crisis causada por el COVID-19, las discusiones y el articulado inicialmente propuesto en la mesa de insolvencia, sirvieron como insumo y facilitaron la reacción rápida por parte de la Entidad y del Gobierno nacional al estructurar el contenido de los Decretos Ley 560 y 772 de 2020.

De la misma forma, de la mesa de trabajo en la que se discutieron algunas propuestas de modificación al rol del supervisor y de la revisoría fiscal, se tomaron insumos que serían puestos a consideración del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para ser tenidas en cuenta en el ejercicio independiente que se abrió para discutir una propuesta de reforma en materia de contabilidad y revisoría fiscal para sociedades y otros entes empresariales.

Finalmente, de la propuesta de reforma al régimen general de sociedades, que en algún momento alcanzó a contar con más de 80 artículos, se tomaron propuestas que fueron incluidas en otros proyectos de ley, como es el caso de las relacionadas con beneficiarios finales (Proyecto de Ley de Transparencia), reuniones no presenciales del máximo órgano social (Proyecto de Ley del Mercado de Valores), y la causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha (Ley de Emprendimiento).

Antes de presentar la propuesta definitiva que resultó siendo aprobada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Presidencia de la República, el texto fue objeto de revisiones específicas por parte de múltiples entidades del Gobierno nacional (para que se tratara de un texto verdaderamente consensuado) y contó con aportes de gremios, de algunos expertos nacionales, y de entidades internacionales como el Banco Mundial y el IFC.

Ese es, a grandes rasgos, el recorrido de esta propuesta que contó con la contribución de tantas personas y que se encuentra a disposición del Gobierno nacional. Para conocimiento de los interesados, además del texto definitivo, su exposición de motivos y su presentación correspondiente, se comparten algunas de las diferentes versiones del articulado desde el inicio del proyecto en 2018, las cuales reflejan la evolución de algunos de los temas que fueron discutidos a lo largo de los últimos años.

Para conocer el proyecto de Ley de Reforma al Régimen General de Sociedades, haga clic aquí.

Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de Ley de reforma tributaria, conocido como Inversión Social, tras varias horas de discusión.

“Con esta primera aprobación se ratifica la necesidad de llevar las medidas que contempla el proyecto para seguir apoyando a los más vulnerables, quienes siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, generar empleo y condiciones para reactivar la economía y, por supuesto, dar un respiro a nuestras finanzas públicas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo.

Y agregó que “el espaldarazo que hoy dan las comisiones económicas del Congreso serán un gran impulso para el debate que queda, además, se le envía un mensaje a la ciudadanía al dar continuidad a programas que han sido claves para sopesar la emergencia”.

Frente a la ponencia radicada del proyecto, esta se aprobó sin modificaciones al articulado, los artículos nuevos y las modificaciones a los existentes se dejaron como constancia para que los coordinadores y ponentes los estudien en el marco de segundo debate en plenarias de Senado y Cámara.

Cabe recordar, que entre los artículos nuevos, se destacan los que buscan fortalecer el régimen SIMPLE, para que los micro y pequeños empresarios tengan acceso a una tarifa impositiva favorable, que además contribuya a la formalización. Así como aquellos que buscan dar prioridad a la mujer, pues esta población ha tenido mayor impacto en términos de empleo y pobreza, por eso, se incluyeron artículos para favorecerlas a través del Ingreso Solidario y el PAEF.

Así mismo, los que apoyarán a los empresarios que tuvieron afectaciones relacionadas con los bloqueos y cierres durante las manifestaciones en los meses pasados. De igual manera, los que facultarán a la DIAN y las entidades territoriales para facilitar los procesos de pago y acuerdo con los contribuyentes a través de reducción de intereses y moratorios.

La Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores informó que las tarjetas de registro de entidades prestadoras de servicios contables expedidas a partir de agosto del año 2021 cambiarán su diseño, asegurando un mayor nivel de seguridad y confianza para las personas que requieran de los servicios de sociedades.

El nuevo diseño contará con sello táctil, micro textos, imágenes en contraste ultravioleta y una marca de agua digital que podrá ser leída a través de la aplicación pública Secure Doc, la cual se encuentra disponible de forma gratuita para Android, Iphone, y PC.

A través de la mencionada aplicación los usuarios tendrán una herramienta adicional que les permitirá verificar la veracidad de los datos contenidos en la tarjeta de registro de entidades prestadoras de servicios contables.

Es importante aclarar que el actual diseño de la tarjeta de registro profesional identificado con el color dorado seguirá vigente y no será de obligatorio cambio; quienes cuenten con este diseño podrán actualizarlo solicitando el duplicado de la tarjeta de registro profesional. La información la podrán encontrar en: https://www.jcc.gov.co/es/registro-de-entidades-duplicado

El Gobierno Nacional realizó formalmente el aumento en un 2,61% en los salarios de más de 1.200.000 servidores públicos de todo el país con la expedición de 27 decretos.

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, reiteró la importancia del diálogo social para lograr consensos: “el Gobierno del Presidente Duque negocia y habla con todos los representantes de los trabajadores. Hoy expedimos 27 decretos en beneficio de los servidores públicos del país y este Gobierno terminará cumpliendo hasta donde nos sea posible, lo que se acordó en la negociación”.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, manifestó que “honrando la palabra, el aumento salarial será del 2.61 % para este año y de 1.64 % más el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2022.

Según lo ha manifestado el gobierno del presidente Iván Duque, hay un compromiso con los trabajadores del país, que ha permitido llegar el mayor incremento salarial de los empleados públicos de Colombia en los últimos 10 años.

Con la expedición de los decretos, las entidades públicas podrán actualizar su Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) la destinación presupuestal para poder realizar el pago de los salarios con el ajuste y el retroactivo correspondiente desde el primero de enero de 2021.

Los decretos se aplican para todos los servidores del orden nacional de las tres ramas del poder público (Ejecutiva, Legislativa y Judicial) incluidos militares, docentes, además de los órganos autónomos y organismos de control del Estado. Por su parte, en las entidades públicas del orden territorial se fijan los topes máximos correspondientes para que las autoridades competentes incrementen el salario a sus servidores.

En cada acto administrativo se especifican las condiciones de reajuste por cada funcionario del estado colombiano, donde se tiene en cuenta la condición individual de cada grupo de funcionarios públicos.

La mesa de negociación colectiva estuvo liderada conjuntamente por los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Los Decretos pueden ser consultados en el Gestor Normativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.