El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil y busca que sean superadas las barreras de acceso al mercado de trabajo.

La firma la hizo el Jefe de Estado y el ministro del Trabajo, Lucho Garzón, en la casa del Marqués, en el centro histórico y en el marco de la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se adelanta en Cartagena, con la participación de los Ministros del Trabajo, viceministros y delegaciones de más de 20 países miembros de Iberoamérica.

También estuvieron presentes el director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, la secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, y el secretario General del Organismo Internacional de Juventud, OIJ, Max Trejo, entre otros.

Con esta Ley, el Gobierno Nacional está cumpliendo con la promesa que le hizo a los jóvenes del país hace 6 meses y que les encomendó a los ministros del Trabajo y Defensa para hallan una salida para que la libreta militar no fuera una barrera para que los jóvenes pudieran acceder a un empleo formal, explicó el Jefe de Estado.

Más de 565 mil jóvenes que, por no tener su libreta militar no podían acceder en condiciones decentes al mercado de trabajo, ahora no tendrán esa barrera.

Santos agregó: "La Ley un componente de jóvenes para la paz, que además de permitirle a esta población entrar a trabajar sin tener la libreta, establece reducciones de hasta un 90% de las multas y un 60% de la cuota de compensación militar, con facilidades de pago, como el pago a cuotas, algo que actualmente no se permite. Adicionalmente, se reduce la edad de incorporación al servicio militar de 28 a 24 años de edad".

El ministro del Trabajo, Lucho Garzón también destacó que la Ley cuenta con un paquete de medidas para jóvenes emprendedores, a través de la creación de un fondo para promoción del emprendimiento, que contará con recursos iniciales de cerca de 120 mil millones de pesos. "Aquí los jóvenes podrán acceder a recursos de capital semilla, y créditos con tasas de interés más bajas que las del mercado y que incluso pueden llegar a ser condonables. También para que los jóvenes empiecen con el pie derecho su vida empresarial, se estableció una exención del pago del registro mercantil y su renovación por el primer año para empresas de jóvenes", aseguró el titular de la Cartera Laboral.

Adicionalmente, se generan incentivos para que las empresas del sector privado contraten a jóvenes, y a cambio obtendrán por un año, el no pago de los aportes a Cajas de Compensación Familiar por los nuevos empleados menores de 18 años que contraten.

También permitirá promover que los jóvenes talentos hagan sus prácticas laborales en el sector público, con auxilios de sostenimiento y prestaciones sociales de Ley. Igualmente, se estableció que al menos el 10% de los nuevos empleos generados en las entidades no requiera experiencia para facilitar ingreso a jóvenes. También se propone la creación de un plan de carrera acelerado en grandes empresas del Estado como Ecopetrol, ETB, UNE, entre otras.

Finalmente, con el componente de jóvenes trabajando en el campo, se habilita a las Cajas de Compensación Familiar para financiar y operar programas de empleo y emprendimiento como el desarrollo de obras, la generación de ingresos, el impulso y financiamiento de las actividades agropecuarias, la promoción de la asociatividad y el desarrollo de proyectos productivos en las zonas rurales, haciendo que nuestros jóvenes se queden en el campo apoyando su desarrollo.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la Ley 1778 del 2 de febrero de 2016, que tiene como objetivo combatir la corrupción transnacional.

La nueva ley, impulsada por la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, establece un régimen administrativo sancionatorio para las personas naturales y jurídicas que participen en la conducta de soborno transnacional y complementa el tipo penal de cohecho contenido en Código Penal.

En ese sentido, la norma señala que las personas naturales que incurran en soborno transnacional tendrán prisión de entre nueve y 15 años y multa de entre 650 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

En el caso de las personas jurídicas que incurran en este delito, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando éstas, por medio de uno o varios de sus empleados o administradores, sobornen a un servidor público.

“El proyecto establece una serie de beneficios que pueden ser concedidos a quienes colaboren eficazmente en la sanción del soborno transnacional y señala los medios de asistencia jurídica a los cuales pueden acudir las superintendencias”, resaltó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar.

El mencionado régimen sancionatorio queda a cargo de la Superintendencia de Sociedades para todas las personas jurídicas, así como las personas naturales que actúen en beneficio de las mismas, a excepción de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Así mismo, el proyecto señala las entidades que pueden ser sancionadas, así como las multas que pueden ser impuestas, los criterios para graduarlas y el procedimiento a aplicar.

También establece los beneficios que pueden ser concedidos a quienes colaboren eficazmente en la sanción del soborno transnacional y señala los medios de asistencia jurídica a los cuales pueden acudir las superintendencias.

La entrada en vigencia de la Ley de soborno transnacional representa un paso fundamental hacia el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Mediante la Ley 1573 de 2012, el Congreso de la República aprobó la “Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, como parte de los compromisos asumidos con la OCDE.

Esta convención impone una serie de obligaciones al Estado colombiano, entre las cuales se encuentra, justamente, complementar el ordenamiento jurídico para sancionar efectivamente a las personas naturales y jurídicas que incurran en actos de soborno transnacional.

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