El Presidente Iván Duque, al lado de su gabinete de Gobierno, sancionó la Ley del Plan Nacional de Desarrollo el cual tiene una meta ambiciosa en inversión social que busca cerrar las brechas en el país.

El Plan establece inversiones por 1.096 billones de pesos para el cuatrienio, de los cuales 510,1 billones de pesos, es decir, el 47 por ciento, están destinados al Pacto por la Equidad.

Metas sociales
Entre las metas que se incluyeron en el Plan está sacar a 1,5 millones de personas de la pobreza extrema y a 2,9 millones de colombianos de la pobreza, así como expandir la clase media colombiana.

En esa dirección, una de las principales metas es aumentar la productividad (del 0,65 al 1,1 por ciento) para que el país pueda crecer a tasas por encima del 4,5 por ciento a partir del 2022, lo que permitirá continuar la lucha para reducir la pobreza y las desigualdades.

En la distribución de inversiones prioritarias del PND prevalece la destinación de más de 216,8 billones de pesos para educación, y 157,8 billones de pesos para salud y protección social.

Así mismo, a Minas y Energía, 122,5 billones de pesos; Transporte, 108,2 billones; Vivienda, Ciudad y Territorio, 67,6 billones; Emprendimiento y Economía Naranja, 67,8 billones; Inclusión Social y Reconciliación, 46,8 billones; Agricultura y Desarrollo Rural, 23,2 billones; Trabajo, 21,4 billones; Ambiente y Desarrollo Sostenible, 9,7 billones, y otros sectores 158,1 billones.

El Plan contempla beneficios económicos y sociales para la población más vulnerable del país y se mantienen los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3.

De la misma manera, está la meta de crear 1,6 millones de empleos y reducir la tasa de desocupación al 7,9 por ciento, la más baja desde los años 90. La inversión social contemplada en el Plan permitirá llegar a 2 millones de niños con educación inicial, lo que significa un incremento del 67 por ciento.

El número de niños que se beneficiarán del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasará de 5,3 millones a 7 millones entre 2018 y 2022. Simultáneamente, se duplicarán los estudiantes en jornada única en colegios oficiales, al pasar de 900 mil a 1,8 millones.

Así mismo, se multiplicará por cuatro el Programa Jóvenes en Acción, para alcanzar los 500 mil cupos.

En el Pacto por el Emprendimiento, uno de los tres ejes estructurales de la hoja de ruta del Gobierno, las metas en el sector del agro le apuntan a prestar asistencia técnica a 550 mil productores, y a otros 300 mil con el programa Agricultura por Contrato.

También se busca elevar -para el 2022- del 20 al 60 por ciento la actualización de la base catastral, y duplicar la velocidad de titulación de predios.

Otros objetivos son dinamizar los sectores de Economía Naranja para alcanzar un crecimiento real que permita pasar del 2,9 al 5,1 por ciento en cuatro años; duplicar la inversión pública y privada en ciencia y tecnología para llegar a 1,5 por ciento del PIB, y conectar al 70 por ciento de los hogares a internet.

Pactos regionales
Uno de grandes logros en el Plan Nacional de Desarrollo es el aumento de los recursos para las inversiones en las regiones en el próximo cuatrienio, que alcanzan los 851,9 billones de pesos, lo que representa el 77,7 por ciento del valor total del ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.

La región Pacífico, conformada por los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, tendrá 123,7 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 36,3 por ciento frente al cuatrienio anterior.

Para el Eje Cafetero y Antioquia hay inversiones por 136,6 billones de pesos, distribuidos entre Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia. Esa cifra equivale a un aumento del 38,7 por ciento en el lapso mencionado.

En la región Caribe están previstas inversiones en los próximos 4 años por 182,8 billones de pesos, dirigidos a Atlántico, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, lo que significa un aumento del 32,3 por ciento frente al periodo citado.

La región Central (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Distrito Capital de Bogotá), tendrá inversiones por 235,2 billones de pesos, es decir, un aumento del 34 por ciento.

Los Santanderes tienen previstas en el Plan de Desarrollo inversiones por 62 billones de pesos, que representan un incremento del 18,5 por ciento.

La región Llanos y Orinoquía, de la que hacen parte los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, tendrá recursos por 70,4 billones de pesos, 41,1 por ciento más que en el cuatrienio anterior.

La Amazonía, conformada por Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, tendrá 34,5 billones de pesos, un aumento del 68,1 por ciento.

En la región Seaflower, integrada por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, están previstas inversiones por 3,5 billones de pesos, un aumento de 23,5 por ciento.

Por primera vez, un Plan Nacional de Desarrollo incluye a los océanos como una región propia del territorio colombiano. Esto significa reconocer, de forma integral, el potencial estratégico y de desarrollo que tienen las áreas oceánicas en el Atlántico y en el Pacífico.

Esta región dispondrá de recursos por 3,2 billones de pesos, para garantizar la seguridad integral marítima, desarrollar un marco estratégico marítimo y fluvial del Estado, y mejorar la gobernanza marino-costera y fluvial.

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El Gobierno sancionó la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018, conocida como Ley de financiamiento o reforma tributaria, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones.

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El gobierno emitió la Ley 1905 del 28 de junio de 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.

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La Superintendencia de Sociedades anunció el nacimiento de un nuevo modelo empresarial en Colombia, denominado Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), a partir de la entrada en vigencia de la ley 1901 del 18 de junio de 2018, que acaba de sancionar el Gobierno.

La norma permite la creación de compañías, que más allá de su finalidad lucrativa, cuentan con una vocación de interés común, es decir, que además de ser un negocio rentable para sus accionistas, procuran el bienestar de las comunidades en donde están instaladas, de sus trabajadores y del medio ambiente.

El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, explicó que esta novedosa modalidad empresarial "es una especie de híbrido en el que se combinan simultáneamente las ventajas de la actividad mercantil, con la posibilidad de contribuir al medio ambiente, propende por el bienestar de los trabajadores y mejorar ciertas circunstancias que tienen que ver con el interés común".

Reyes Villamizar agregó que "la norma trae nuevas obligaciones para los administradores que, además de tener en cuenta los intereses de la sociedad y sus accionistas, puede contemplar también los de terceros y, en términos más generales, el interés colectivo. Todo ello tiene que reflejarse en un estándar independiente que se debe manifestar en informes anuales de gestión, que se deben presentar a consideración de los accionistas, donde se da cuenta del impacto que estas actividades de beneficio común han tenido en la comunidad donde opera la respectiva compañía".

El Superintendente destacó que con esta ley, "la Superintendencia de Sociedades adquiere nuevas facultades, como la atribución de definir estándares sobre las actividades de beneficio de bien común que estas compañías hubieren adelantado durante el ejercicio contable respectivo. Las compañías que opten por este modelo de negocio, deben incluir la denominación BIC dentro de su nombre o la expresión sociedad de beneficio e interés común para identificarla y diferenciarla de las sociedades que tienen solamente un fin lucrativo".

La norma recientemente sancionada por el Gobierno, le ordena a las entidades de la Rama Ejecutiva promover las medidas necesarias para impulsar "el desarrollo de las sociedades BIC, bajo la premisa de la formalización, la función social de la empresa y el beneficio e interés colectivo".

La Ley consagra que "las sociedades BIC tendrán, entre otras, las siguientes características, sin perjuicio de que dentro de su misión desarrollen otros atributos inherentes a su esencia de responsabilidad social empresarial:

• Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados, para establecer estándares de equidad.
• Destinan subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo.
• Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, amplían los planes de salud y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias nutrición salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral la privada de sus trabajadores.
• Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad.
• Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los sus trabajadores.
• Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han salido de la cárcel.
• Expanden la diversidad en la composición de las juntas directivas, equipo directivo, ejecutivo y proveedores, con el fin de incluir en ellos personas pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, con distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género.
• Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad.

El espíritu de esta nueva norma que busca promover nuevos emprendimientos, se sustenta en el principio de redistribución de la riqueza, que señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.

Así mismo, la norma, que acaba de entrar en vigencia, desarrolla el principio de "la libre competencia económica, como un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial".

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