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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, junto al Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, anunciaron la reactivación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI), con el fin de coordinar las políticas nacionales y territoriales para impulsar la productividad, la competitividad y la innovación en las regiones del país.

En la primera reunión que realiza el Gobierno del Cambio para reactivar este sistema, participaron la directora del Dapre, Laura Sarabia; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes y el director del DNP, Alexander López, entre otros altos funcionarios del Gobierno del Cambio, y se acordó que el SNCI sea el gerente de los grandes proyectos de desarrollo del país.

Allí se acordó que esta reactivación irá acompañada de la definición de algunos representantes del sector privado, de la academia y del sector popular que harán parte de la administración del Sistema y podrán participar activamente en la deliberación y toma de decisiones estratégicas.

La actualización del Sistema se adoptó mediante el decreto 2212 de 2023, y tiene entre sus objetivos adaptar la institucionalidad nacional y regional a los planteamientos de nuevas políticas, como la de Industrialización que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego.

Así mismo, el SNCI contará con la participación de representantes de la Economía Popular, quienes participarán en las deliberaciones sobre políticas públicas para mejorar la competitividad y la innovación, de manera que se logre garantizar la atención de las necesidades de este importante sector de la economía del país.

A esto se suma que el Consejo Nacional de la Economía Popular, reglamentado mediante el decreto 2185 de 2023 y cuya principal misión es formular la política pública para la Economía Popular, trabajará en forma coordinada con el SNCI para generar espacios que permitan para su visibilidad, fortalecimiento e impulso.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes Hernández, destacó que “en esta nueva etapa del Sistema buscamos seguir impulsando la reactivación económica del país a través de grandes proyectos que traerán desarrollo social, económico, empleo e inversiones a los territorios”

El alto funcionario agregó que “tenemos el propósito de trabajar de manera coordinada con las diferentes entidades del Gobierno nacional y con las autoridades locales y de los departamentos para lograr una economía descarbonizada y cada vez más orientada a la innovación y el conocimiento".

Bajo este nuevo modelo, el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación propone centrarse en tres acciones fundamentales a nivel nacional y regional.

La primera incluye hacer un despliegue en el territorio para comunicar las políticas públicas relacionadas con productividad y competitividad, y facilitar el trabajo con los gobiernos locales. Esto implica seguir apoyando instancias territoriales como las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y sus miembros, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar las Agendas de Competitividad en las que se incluirán proyectos sólidos y bien estructurados, que den respuesta a las necesidades y transformen de forma positiva las realidades de las regiones.

La segunda busca mejorar la relación Nación-Territorio, a través de espacios de diálogo. Para ello, el Comité de Territorialización seguirá cumpliendo la labor de ser la instancia que recoge y tramita las visiones y necesidades de lo territorial y lo nacional.

Y la tercera plantea construir una Agenda Nacional de Competitividad e Innovación –que estaría lista en agosto- en la que se incorporen las necesidades de los territorios y se identifiquen los mecanismos de gestión de esos proyectos para ponerlos en marcha en todas las regiones del país. Esto implicará mayor coordinación y diálogo entre los niveles territorial y nacional para sacar adelante los proyectos clave de desarrollo.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con diferentes programas para apoyar, cofinanciar, formar y asesorar técnicamente a las mipymes de Colombia, que actualmente representan cerca del 98 % del tejido empresarial y generan el 80 % del empleo del país.

Con el propósito de avanzar en la generación de encadenamientos productivos, inclusión financiera, sostenibilidad y crecimiento empresarial e inclusión productiva de población vulnerable, el Ministerio, junto a sus patrimonios (Colombia Productiva e iNNpulsa), ha reformulado los proyectos de inversión y la estructura de la oferta programática, para fortalecer las capacidades de estas unidades, a través de programas de fortalecimiento y desarrollo productivo.

Solo entre 2022 y 2024 se logró ampliar la oferta de servicios, al pasar de 23 a 32 departamentos impactados, de 333 a 619 municipios y de $51.713 millones a $232.304 millones destinados a estos programas en 2023 y 2024.

Una de las apuestas son los Centros de Reindustrialización – ZASCA, que, en 2023 y 2024 beneficiarán a 9.523 unidades productivas de la economía popular. Actualmente están en operación dos ZASCA de agroindustria en Santa Marta y Caquetá; siete ZASCA para el sector moda (confección y calzado) en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cúcuta, Riohacha y Baranoa. También están operando tres Centros ZASCA Renacer en los establecimientos de reclusión del orden nacional de Ibagué, Espinal y Guaduas.

Para el despliegue de los ZASCA, se estima una inversión total de $117.290 millones en los cuatro años de Gobierno. Estos recursos se destinarán para poner en marcha, durante el cuatrienio, 99 de estos centros en todo el territorio nacional, en las líneas estratégicas de vocación productiva de manufactura, agroindustria, tecnología y metalmecánica.

Es importante destacar que a través de Colombia Productiva se ha logrado llevar la política de industrialización a cerca de 20.500 beneficiarios en 699 municipios (127 de ellos PDET y 624 con menos de 200.000 habitantes).

Otro de los principales programas de la cartera es crédito CREO “un crédito para conocernos”, dirigido a fomentar el acceso a financiamiento formal de la economía popular, que, en el componente no agropecuario, la ejecución está a cargo de este Ministerio.

En este sentido, se han dispuesto $55.500 millones para esta vigencia, de los cuales $17.000 millones se destinan para líneas de crédito que permitirán apalancar la colocación de $185.000 millones en más de 90.000 operaciones de crédito. Adicionalmente, se destinan $38.500 millones para garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, que facilitarán la aprobación de créditos para aquellas mipymes que ven limitado el acceso a la financiación.

Por otra parte, a través del programa FortaleSER se beneficia a más de 4.200 unidades productivas de la economía popular y de la micro y pequeña empresa; mientras que con Minicadenas Locales, se trabajará en el cierre de brechas de 400 personas asociadas a 185 unidades productivas agroindustriales.

Con el programa ‘Mujeres más productivas’ 5.000 mujeres tenderas de la economía popular lograron acceder a capacitaciones, formación y cofinanciación para hacer que sus negocios tuvieran mejores resultados.

En cuanto a EnCadena, vale la pena resaltar que beneficiará a más de 2.100 mipymes y unidades productivas y su propósito es lograr que estos negocios formen parte de cadenas de producción nacionales e internacionales y aporten valor con productos y servicios especializados y de calidad, a través de asistencia técnica, formación y acceso a herramientas digitales.

Cabe mencionar que otro de los propósitos es capitalizar Bancoldex para empezar a financiar grandes proyectos estratégicos en sectores fundamentales para el país, como la agroindustria, la ciencia o la transición energética, con el fin de aumentar las exportaciones, los puestos de trabajo de calidad y la competitividad.

A un total de 32 bienes correspondientes a materias primas y bienes de capital que se importaban al país sin arancel se les restableció la respectiva tasa impositiva, dado que actualmente cuentan con producción nacional.

La decisión se adoptó luego de la revisión semestral que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que evidenció que de esos insumos y maquinarias ya hay producción local.

De esta manera, a través del Decreto 0324 del 11 de marzo del 2024, se restablece el arancel respectivo del 5 %, 10 % o 15 %, dependiendo del bien, a esos 32 productos.

Así, productos como ceras y abonos minerales; herbicidas; placas y hojas de policarbonatos; cauchos mezclados sin vulcanizar; bolsas de papel, cartón o guata de celulosa; tejidos de algodón estampado; tejidos crudos o blanqueados con contenidos de fibras artificiales; tejidos con hilados de distintos colores; tubos huecos sin soldadura; herramientas agrícolas; herramientas metales comunes; martillos; hachas; máquinas y aparatos para panadería y partes para remolques y semirremolques, hacen parte de los productos que ahora deberán pagar arancel por su importación al país.

El arancel entrará en vigor 15 días después de la publicación en el Diario Oficial, es decir que se aplicaría a principios de abril.

Pero no operará a las importaciones de los bienes que se encuentren embarcados y vengan hacia Colombia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este Decreto.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley con el cual el Gobierno del Cambio busca la reactivación empresarial, el salvamento y la capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure, La Guajira. El propósito es que se convierta en una empresa viable económicamente y que genere beneficios para la comunidad.

Entre los objetivos de la iniciativa radicada en la secretaría general de la Cámara de Representantes están: revertir la situación socioeconómica del departamento, salvaguardar el patrimonio de las comunidades de este municipio, preservar los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en la región.

El proyecto de Ley se ha trabajado con las comunidades y la más reciente reunión de socialización del tema se cumplió el pasado lunes 11 de marzo. En ella, líderes de la región compartieron sus comentarios con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, y su equipo de trabajo en Manaure.

También fue socializado el proyecto con los congresistas que hacen parte de las comisiones cuartas de Senado y Cámara, en reuniones de trabajo convocadas por el ministro Umaña Mendoza y lideradas por los presidentes de estas comisiones, Juan Felipe Lemos, en Senado, y Juan Loreto Gómez Soto en la Cámara de Representantes.

El proyecto de Ley plantea permitir la aplicación de los mecanismos dados por la Ley 1116 que facilite a Salinas de Manaure iniciar un proceso de reorganización, al tiempo que pueda implementar mecanismos de salvamento como, por ejemplo, la capitalización de pasivos, pactos de deuda sostenible y los demás que plantea este régimen de insolvencia.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “en el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego buscamos avanzar en la recuperación de una empresa histórica de la región, que impulse la reindustrialización de La Guajira. Con esto, tendremos una fuente de generación de empleo y bienestar para la comunidad, contribuimos al desarrollo social y a la justicia económica del departamento, al tiempo que garantizamos la protección del patrimonio público”.

Qué contiene el proyecto de Ley
Entre los temas más destacados que contempla este proyecto de Ley, el artículo 3º desarrolla el fortalecimiento patrimonial de las Salinas, con la habilitación general para que el Gobierno nacional pueda capitalizar la empresa a través de diferentes modalidades, como aporte en dinero o en especie.

Esto constituye una innovación en el país, ya que hasta el momento solo se contaba con un régimen que permitía este tipo de actuaciones entre los niveles central y descentralizado, pero del mismo orden territorial.

El documento también detalla que la capitalización debe ser aprobada por el órgano máximo de administración de la sociedad de la empresa, de lo contrario, no se podrá llevar a cabo.

De igual manera, se contempla que los dividendos a favor de la Nación serán destinados a apalancar proyectos en la zona de influencia de las Salinas.

Por último, el Gobierno aclaró que no adelanta este proceso bajo la Ley 550 de 1999 pues aunque esta norma plantea la reestructuración de las empresas para atender sus obligaciones de pago, dificulta la reorganización de la unidad productiva. Por eso, la iniciativa propone que la reestructuración de pasivos en esta empresa se realice bajo las condiciones de la Ley 1116.

Con el propósito de darle tracción a la economía del país e impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, a través de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Bancóldex anunció el lanzamiento del portafolio de crédito Colombia se Reactiva, cuyas primeras 4 líneas estarán disponibles en los próximos días.

Este paquete inicial de financiación está enfocado en apoyar al segmento mipyme en procesos de modernización, adopción de prácticas sostenibles, internacionalización, y el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres.

Se trata de las líneas Mipymes Competitivas; Internacionalización para la Productividad; Mujeres Empresarias y Sostenible Adelante.

Estas nuevas opciones de financiamiento le apuestan al mejoramiento de la competitividad a partir de la innovación, las tecnologías de la información, las herramientas de la industria 4.0 y la virtualización y digitalización de procesos.

También, le apuntan a la internacionalización a través del acompañamiento a las mipymes con potencial de exportación, en todas las etapas de su proceso, y a los exportadores que necesiten financiar sus operaciones.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “con estos recursos fortalecemos nuestra apuesta por la internacionalización y la reindustrialización de las mipymes. En el Gobierno del Cambio tenemos la convicción de que es fundamental brindar financiación en condiciones favorables a los microempresarios para que mejoren su competitividad y sigan contribuyendo al crecimiento de la matriz productiva del país”.

Por su parte, el presidente de Bancóldex, Javier Díaz Fajardo, aseguró que Bancóldex sigue actuando para apoyar al tejido empresarial colombiano. “En la pandemia lo hicimos con el portafolio de líneas Colombia Responde y luego, en la reactivación, con las líneas Adelante. Hoy llegamos con la familia Colombia se Reactiva, con la que esperamos movilizar medio billón de pesos en líneas de crédito para las mipymes del país”.

Estas líneas de crédito contarán con condiciones favorables y plazos adecuados, con la posibilidad de que las mipymes hagan uso de las garantías ofrecidas por el Fondo Nacional de Garantías.

Estas son las principales características de las líneas:

Línea Mipymes Competitivas: con esta línea de crédito, de aproximadamente $190.000 millones de pesos, las mipymes podrán invertir en su modernización para aumentar su productividad, con plazos de entre 2 y hasta 5 años y periodos de gracia de hasta 12 meses.

Línea Mujeres Empresarias: con esta línea, que suma $30.000 millones de pesos, las empresas lideradas por mujeres podrán acceder a crédito con un plazo de hasta 5 años y periodos de gracia de hasta los 6 meses.

Línea Internacionalización para la Productividad: esta línea de crédito de aproximadamente $60.000 millones de pesos, financiará los planes de internacionalización y de posicionamiento de la oferta exportable, en pesos y dólares. Con plazo de hasta 5 años, dependiendo de su tamaño, con periodos de gracia de hasta 12 meses.

Línea Sostenible Adelante: con los recursos de esta línea, que alcanzan los $60.000 millones de pesos, las mipymes podrán financiar proyectos relacionados con economía circular, bioeconomía, adaptación y mitigación del cambio climático; y transición energética. Los plazos van hasta los 5 años, con periodos de gracia de hasta 6 meses.

La primera versión de estas líneas, que fue puesta en marcha en 2023, brindó soluciones de financiación a más de 5.000 empresarios por más de 500.000 millones de pesos.

Construir un Protocolo de Operación Logística entre las autoridades de control portuarias y de antinarcóticos de Colombia y la Unión Europea fue la propuesta del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a los alcaldes de Róterdam, Amberes y Hamburgo, de visita en el país.

El viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez, propuso la creación de ese Protocolo con el fin de mejorar el perfilamiento de riesgo de la carga que llega a los puertos de destino, de tal manera que se minimicen las inspecciones intrusivas de la misma, pero que se siga garantizando la integridad de las operaciones y la prevención de actividades ilícitas.

El planteamiento lo hizo el Viceministro durante una reunión de trabajo que adelantaron representantes de la Cancillería; los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; de Defensa y de Justicia; la Dian, la Policía Nacional y representantes de gremios de la producción con los alcaldes de Róterdam, Ahmed Aboutaleb; de Amberes, Bart De Wever, y de Hamburgo, Peter Tschentscher.

Los representantes europeos conocieron también detalles del que es el principal instrumento de facilitación del comercio de Colombia: la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

Esta Ventanilla reúne, en un solo sitio virtual, los procesos que los casi 52.000 usuarios del comercio exterior deben adelantar ante 21 entidades del sector público. Es decir, a través de ella y desde donde se encuentre, un usuario del comercio adelanta los distintos procesos, facilitando así las operaciones.

Uno de los 16 servicios que se canalizan a través de ella es el Sistema Integrado de Inspección Simultánea, que permite coordinar a los 4 entes de control en puertos, ICA, Invima, DIAN y Policía Antinarcóticos, para que realicen en un solo sitio y en el mismo momento, la inspección de la carga, evitando así dobles movilizaciones y sobrecostos.

Quintero Suárez aprovechó el espacio para reiterar a los europeos la preocupación de Colombia sobre las fechas de entrada en vigor del Pacto Verde Europeo, lo cual impactaría las exportaciones de productos como el café, el cacao y la palma de aceite, entre otros.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó la estrategia ‘Soluciones por la reindustrialización’, un instrumento de coordinación público-privada diseñado para abordar de manera conjunta los desafíos que enfrentan las apuestas productivas de la Política de Reindustrialización, y trabajar en las soluciones.

La estrategia, que se ejecutará a través de Colombia Productiva, fue divulgada ante el sector privado, gremios y actores clave, e incluye temas como transformación energética, soberanía alimentaria y agroindustrial, reindustrialización en la salud, reindustrialización de la defensa y territorialización.

Con la iniciativa ‘Soluciones por la Reindustrialización’ se identificarán las acciones puntuales que permitan superar rápidamente las barreras regulatorias y normativas que impiden o dificultan la entrada de las empresas al mercado, o su desarrollo productivo.

La viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro Vargas, planteó que es necesario “apropiar este instrumento de gobernanza público-privada, convertirlo en un observatorio permanente de la actividad regulatoria y sus efectos en la industria y los mercados, así como en un escenario de análisis prospectivo”.

Esta primera socialización de la estrategia se realizó en el marco de una reunion con líderes de la apuesta productiva ‘Por la Reindustrialización en el Sector Salud’, durante la cual se presentaron los avances del trabajo de los últimos meses entre entidades públicas y privadas para desarrollar en Colombia la producción de medicamentos de síntesis química y biológicos, así como la producción local de dispositivos médicos.

A esta socialización asistieron representantes de entidades como el Invima, el Instituto Nacional de Metrología y el Ministerio de Salud y Protección Social (dirección de Medicamentos), la Organización Panamericana para la Salud (OPS), la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la Asociación de Regulatorios Independientes (ARI), Fenalco, la Universidad de Antioquia, el Hub iEX de la Universidad El Bosque, la Universidad Nacional, el Instituto de Evaluación de Tecnologías (IETS), la Secretaría Distrital de Salud, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (Ascif), la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), las cámaras Farmacéutica y de Dispositivos Médicos de la ANDI, la Cámara de Comercio de Bogotá, Innpulsa, ProColombia, entre otros.

El trabajo de coordinación de ‘Soluciones para la reindustrialización’ es un mandato del Plan Nacional de Desarrollo. Se desarrollará en lo que resta de 2023 y el primer semestre de 2024, y se centrará en tres de las cuatro apuestas clave, así:

Por la salud: que se enfocará en coordinar las acciones necesarias para convertir a Colombia en país productor de medicamentos de síntesis química, biológicos, y de dispositivos médicos.

Por la agroindustria y soberanía alimentaria: que priorizará las acciones para promover el aprovechamiento de productos y subproductos de cannabis y cáñamo.

Por la defensa y la vida: centrado en fortalecer el sector de astilleros como hub de construcción de bienes de alto valor agregado y exportación de servicios.

Las prioridades sociales, medioambientales y tecnológicas que hoy siguen la sociedad y las empresas en el orden mundial, llevaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a actualizar las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales sobre la Conducta Empresarial Responsable.

Dentro de los cambios hay recomendaciones para que las empresas estén en línea con los objetivos acordados internacionalmente en materia de cambio climático y biodiversidad.

Igualmente, introducción de expectativas de diligencia debida en el desarrollo, financiación, venta, concesión de licencias, comercio y uso de la tecnología, incluida la recopilación y el uso de datos.

También hay recomendaciones sobre cómo se espera que las empresas actúen con la diligencia debida en los impactos y las relaciones comerciales relacionadas con el uso de sus productos y servicios.

Además, una mejor protección para las personas defensoras de derechos y grupos de riesgo, incluidos aquellos que expresan su preocupación por la conducta de las empresas.

Incluye recomendaciones actualizadas sobre la divulgación de información relativa a la conducta empresarial responsable, así como ampliación de las recomendaciones sobre diligencia debida a todas las formas de corrupción.

Hay sugerencias para que las empresas garanticen que las actividades de los grupos de presión sean coherentes con las Directrices. Así mismo, procedimientos reforzados para garantizar la visibilidad, eficacia y equivalencia funcional de los Puntos Nacionales de Contacto sobre Conducta Empresarial Responsable.

Por otro lado, las Líneas Directrices son la principal norma mundial para los países miembros de la OCDE sobre conducta empresarial responsable y se aplican ampliamente en las políticas públicas y en la práctica empresarial.

Consulte las directrices actualizadas haciendo clic aquí.

Colombia registra resultados positivos en creación de empresas, de acuerdo con el Informe de Tejido Empresarial que destaca que fueron matriculadas más de 65.000 empresas entre enero y febrero.

En el primer bimestre del año 2023, las microempresas representaron el 95,9 % del tejido empresarial y las pequeñas empresas el 3,1 %. Por su parte, las medianas y grandes empresas fueron el 0,7 % y 0,3 % del total nacional, respectivamente, de acuerdo con un informe de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) de Confecámaras.,

El informe destaca además que, de acuerdo a la Encuesta de Micronegocios del DANE, en el cuarto trimestre de 2022 la cantidad de micronegocios aumentó un 8,3 %, respecto al mismo periodo de 2021. La actividad económica que más creció fue industria manufacturera, con una variación positiva del 17,8 %.

Además, en 2022 aumentó el número empresas con matrícula mercantil activa un 6,5 %, respecto a 2021, un tema clave en la consolidación del tejido empresarial colombiano.

En lo que tiene que ver con el empleo, según datos de la GEIH del DANE, en diciembre de 2022 el número de ocupados aumentó con respecto al mismo mes del año 2021 en un 6,9 %. En las microempresas, el número de ocupados incrementó 3 %; en las empresas pequeñas un 0,5 % y en las grandes un 12,3 %; mientras que en las medianas empresas se registró una caída de los ocupados del 2,3 %.

En diciembre de 2022, tanto los ocupados formales como los informales aumentaron en las microempresas con respecto al mismo mes del año anterior.

Uno de los caminos para transitar de una economía extractivista a una economía del conocimiento, productiva y sostenible, es que las empresas del país sean más eficientes, hagan uso responsable de los recursos naturales para hacer frente a la crisis climática y aprovechen la biodiversidad para tener productos de mayor valor agregado, que les permitan insertarse en cadenas de valor nacionales e internacionales.

Con el ánimo de ayudar a las empresas colombianas en este camino y promover la justicia social, económica y ambiental, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Colombia Productiva, y con recursos de la Unión Europea, abrieron la convocatoria de Productividad Verde, un proyecto especializado, creado para mejorar la sostenibilidad de las empresas, que brindará formación y asistencia técnica para que implementen acciones de adaptación y mitigación al cambio climático y proyectos de bioeconomía.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó que “Colombia es uno de los 10 países de América Latina más vulnerables al cambio climático, según el Índice Mundial de Competitividad Sostenible. Justamente, la sostenibilidad es una de las banderas de la reindustrialización, la promoción y creación de pequeña y mediana empresa y su integración en las cadenas de valor, que impulsamos desde el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

El alto funcionario agregó que “Productividad Verde es el primero de los programas que tenemos para ayudar a las empresas a dar ese paso hacia la sostenibilidad y contribuye a nuestro propósito de responder a las necesidades particulares de las regiones y su desarrollo social y económico, reconociendo su heterogeneidad y la realidad de su matriz productiva”.

Por su parte Aurelio Mejía, gerente general de Colombia Productiva, señaló que “la crisis climática y el no aprovechamiento sostenible de la biodiversidad impactan en la productividad y rentabilidad de las empresas. Análisis de Colombia Productiva muestran que hasta 40 % de sus costos de producción obedecen a costos por consumo de recursos naturales. Estos impactos también incluyen pérdidas directas en activos, utilidades y capital humano; y pérdidas indirectas relacionadas con sus proveedores y clientes. Con Productividad Verde buscamos reducir esos impactos, que las empresas sean más eficientes, generen mayor valor agregado y reduzcan su vulnerabilidad a la crisis climática”.

El proyecto cuenta con una inversión de más de 1.180 millones de pesos y la convocatoria está abierta a empresas de todo el país. Además, se busca impactar en departamentos con mayor registro de deforestación y vulnerabilidad climática y en actividades económicas con la mayor generación de gases de efecto invernadero (GEI), pues contribuye a cumplir los compromisos de Colombia en el Acuerdo de París para reducir las emisiones de GEI en 51 % para 2030.

Productividad Verde contará con tres énfasis: mitigación, adaptación y bioeconomía. En el primero, se buscará evitar y/o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante acciones como usar nuevas tecnologías, consumir energía a partir de fuentes renovables, implementar medidas que permitan aumentar la eficiencia energética en equipos antiguos, hacer seguimiento a huella de carbono e implementar buenas prácticas operativas, entre otras.

En el segundo énfasis se buscará que las empresas adopten medidas para prevenir o minimizar los daños que puedan causar fenómenos climáticos, es decir, crear capacidades internas para gestionar el cambio climático, cambiar infraestructuras de acuerdo con las condiciones climáticas, generar alianzas con externos y reducir consumos de recursos como energía, agua y tierra, entre otras.

Y en el énfasis de bioeconomía, se buscará implementar proyectos para hacer uso eficiente y sostenible de la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos bioproductos y procesos de valor agregado, basados en el conocimiento y la sofisticación.

El proyecto, que contará con la operación de la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM), filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la Política de Reindustrialización enfocados en cerrar brechas de productividad y generar encadenamientos productivos, al tiempo que promueve las apuestas productivas de la transición energética y la agroindustrialización.

Las empresas interesadas en participar pueden postularse completando el formulario de inscripción en https://www.colombiaproductiva.com/productividadverde