Miércoles, 10 Diciembre 2014 08:36
Senado aprueba Proyecto de Ley Anticontrabando
El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que la Plenaria del Senado de la República aprobara el Proyecto de Ley Anticontrabando que busca implementar medidas legales para prevenir y combatir este flagelo, favorecer la competencia legal en el comercio y aumentar el recaudo tributario.
“La iniciativa del Gobierno va encaminada a la protección de los ciudadanos más necesitados que dejan de recibir apoyo en educación y vivienda porque el contrabando deja de pagar impuestos para financiar políticas públicas que pueden llegar a todo el país“, aseguró el titular de la cartera.
El funcionario resaltó que el contrabando impacta la actividad económica formal, y tiene repercusiones sobre la seguridad nacional, el orden público y la productividad del país.
Así mismo, la iniciativa, que pasa a último debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, permitirá luchar contra los grandes contrabandistas, evitar riesgos sanitarios y fitosanitarios que afectan especialmente a los productos de la canasta familiar.
Por otra parte, el titular de la cartera de Hacienda aseguró que con este Proyecto de Ley no se afectará a los pequeños comerciantes, no se restringirá el ingreso de los productos de la canasta básica, ni se modificará o eliminará el Régimen de Zonas Aduaneras Especiales.
El Ministro Cárdenas destacó además que en este Proyecto de Ley se castiga el contrabando como delito conexo al lavado de activos.
“”El eje central en este proyecto, desde el punto de vista penal, es que el contrabando y el lavado de activos son dos caras de un mismo delito”, añadió.
De igual manera, se establece el régimen sancionatorio para el incumplimiento de obligaciones derivadas del impuesto al consumo de licores y tabaco.
“Para casos de menor cuantía se establecerán medidas como el decomiso de la mercancía, multas, cierre del establecimiento de comercio y suspensión o cancelación definitiva de licencias, autorizaciones o registros”, sostuvo.
De igual manera, se busca el fortalecimiento de las entidades existentes que han venido desarrollando actividades de lucha contra el contrabando como la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y se le otorgan competencias a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para investigar la defraudación aduanera.
Finalmente, la iniciativa establece la creación de una Comisión Interinstitucional de Lucha Contra el Contrabando y el Comercio Ilícito para coordinar las actuaciones y operaciones contra este delito, el comercio ilícito, fraude aduanero o defraudación fiscal.
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Martes, 09 Diciembre 2014 10:21
Tercerizar no es desmejorar las condiciones del trabajador
El Ministerio del Trabajo advirtió que está prohibida cualquier forma de tercerización laboral que desmejore las condiciones de los trabajadores. Los empleadores que utilicen de forma errada la figura, violando derechos laborales tanto de carácter individual como colectivo, se exponen a multas que pueden llegar hasta los cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, afirmó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas.
El funcionario explicó que el principio general, legal y constitucional sobre el trabajo, es que cada persona que trabaje en Colombia debe prestar su servicio en forma regulada por un contrato directo de trabajo.
Aclaró a renglón seguido que hay cuatro excepciones a ese principio general:
Primera: Las empresas de servicios temporales, que están debidamente reguladas para que los empresarios puedan atender necesidades de personal cuando exclusivamente necesiten vincular trabajadores para actividades temporales como por ejemplo, atender picos de producción o situaciones específicas, las cuales requieren de trabajadores en misión, por un período de temporalidad, máximo 6 meses y prorrogables por otros 6 meses.
Una segunda excepción, es la de las cooperativas de trabajo asociado, que prestan servicios completos como si fueran una empresa, tienen que ser dueñas de sus medios de producción y tener a todos sus empleados con las garantías de la seguridad social. "Está prohibido, que haya cooperativas que se dediquen a hacer intermediación laboral, es decir, a traerle gente a trabajar como si fueran empresas temporales de empleo".
Y la tercera excepción, son los contratos sindicales, figura del derecho colectivo del trabajo que utilizan las organizaciones sindicales para hacer uso de su negociación con el empleador a través de convenciones colectivas, pactos colectivos o contratos sindicales. En este caso, la organización le ofrece al empleador una actividad y obra concreta a través de sus servicios por medio de un contrato sindical con sus afiliados.
Precisó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección que las decisiones que tomen los empresarios de cómo organizar los negocios y contratar los procesos no es competencia de vigilancia del Ministerio del Trabajo. "Por el contrario, sí, somos vigilantes de los que utilicen estas figuras para violar los derechos de los trabajadores", anotó.
"Un empresario no puede tercerizar para acabar los sindicatos o desvincularlos de la seguridad social o para crear condiciones de desigualdad con los otros trabajadores, pues no puede tercerizar con ninguna intención que le baje las garantías de los mínimos derechos y a los trabajadores", recalcó Borda Villegas.
El funcionario explicó que el principio general, legal y constitucional sobre el trabajo, es que cada persona que trabaje en Colombia debe prestar su servicio en forma regulada por un contrato directo de trabajo.
Aclaró a renglón seguido que hay cuatro excepciones a ese principio general:
Primera: Las empresas de servicios temporales, que están debidamente reguladas para que los empresarios puedan atender necesidades de personal cuando exclusivamente necesiten vincular trabajadores para actividades temporales como por ejemplo, atender picos de producción o situaciones específicas, las cuales requieren de trabajadores en misión, por un período de temporalidad, máximo 6 meses y prorrogables por otros 6 meses.
Una segunda excepción, es la de las cooperativas de trabajo asociado, que prestan servicios completos como si fueran una empresa, tienen que ser dueñas de sus medios de producción y tener a todos sus empleados con las garantías de la seguridad social. "Está prohibido, que haya cooperativas que se dediquen a hacer intermediación laboral, es decir, a traerle gente a trabajar como si fueran empresas temporales de empleo".
Y la tercera excepción, son los contratos sindicales, figura del derecho colectivo del trabajo que utilizan las organizaciones sindicales para hacer uso de su negociación con el empleador a través de convenciones colectivas, pactos colectivos o contratos sindicales. En este caso, la organización le ofrece al empleador una actividad y obra concreta a través de sus servicios por medio de un contrato sindical con sus afiliados.
Precisó el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección que las decisiones que tomen los empresarios de cómo organizar los negocios y contratar los procesos no es competencia de vigilancia del Ministerio del Trabajo. "Por el contrario, sí, somos vigilantes de los que utilicen estas figuras para violar los derechos de los trabajadores", anotó.
"Un empresario no puede tercerizar para acabar los sindicatos o desvincularlos de la seguridad social o para crear condiciones de desigualdad con los otros trabajadores, pues no puede tercerizar con ninguna intención que le baje las garantías de los mínimos derechos y a los trabajadores", recalcó Borda Villegas.
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Martes, 09 Diciembre 2014 10:18
SuperSociedades tiene competentecia exclusiva para conocer procesos de insolvencia
Mediante el Oficio 220-190793, la Superintendencia de Sociedades dio respuesta a la siguiente consulta: “Una sociedad anónima no sometida a la vigilancia por la Superintendencia de sociedades, ni otra superintendencias o esquemas de vigilancia, puede solicitar la admisión a trámite de insolvencia ante juez civil del circuito de su domicilio”.
Señaló la entidad en su respuesta que a ese respecto se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1116 2006, estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.
Del precepto citado se desprende que los mecanismos concursales en sus dos modalidades: reorganización empresarial y liquidación judicial de que trata la mencionada ley, aplicarían a los comerciantes, o en general, a sujetos que desarrollen una actividad empresarial.
Por su parte el artículo 6º de la misma ley establece que conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
“i) La Superintendencia de Sociedades: en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
“ii) El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor: en los demás casos, no excluidos del proceso.
Como se puede apreciar, la Superintendencia de Sociedades, a pesar de ser una autoridad administrativa, ejerce funciones jurisdiccionales de acuerdo con lo dispuesto en la C.P., no solo sobre todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, sino también, a prevención, sobre las personas naturales comerciantes, funciones estas que son excepcionales, limitadas y restrictivas, en tanto que los Jueces Civiles del Circuito, en los demás casos no excluidos del proceso.
En suma, la atribución para conocer del proceso de insolvencia de las personas jurídicas -sociedades comerciales – es exclusiva de la Superintendencia de sociedades, según los términos y condiciones previstos en los artículos 2°1, 3°2, y 6°3 de la Ley 1116 de 2006.
1.Artículo 2.Ámbito de aplicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley .
2, Artículo 3.Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley:
1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias.
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito.
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial.
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
8. Las personas naturales no comerciantes.
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.
3Artículo 6.Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso.
Parágrafo 1. El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia. Las providencias que profiera el juez civil del circuito dentro de los trámites previstos en esta ley, solo tendrán recurso de reposición, a excepción de las siguientes contra las cuales procede el recurso de apelación, en el efecto en que respecto de cada una de ellas se indica:
1. La de apertura del trámite, en el devolutivo.
En tanto que, los Jueces Civiles del Circuito, si bien tienen competencia para conocer del régimen de insolvencia regulado en la mencionada Ley 1116 de 2006, solo lo hacen respecto de personas naturales comerciantes e irrestrictamente de los demás casos no excluidos del proceso de insolvencia.
En los anteriores términos, se ha dado contestación a su consulta, no sin antes advertirle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo.
Señaló la entidad en su respuesta que a ese respecto se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1116 2006, estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.
Del precepto citado se desprende que los mecanismos concursales en sus dos modalidades: reorganización empresarial y liquidación judicial de que trata la mencionada ley, aplicarían a los comerciantes, o en general, a sujetos que desarrollen una actividad empresarial.
Por su parte el artículo 6º de la misma ley establece que conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
“i) La Superintendencia de Sociedades: en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.
“ii) El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor: en los demás casos, no excluidos del proceso.
Como se puede apreciar, la Superintendencia de Sociedades, a pesar de ser una autoridad administrativa, ejerce funciones jurisdiccionales de acuerdo con lo dispuesto en la C.P., no solo sobre todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, sino también, a prevención, sobre las personas naturales comerciantes, funciones estas que son excepcionales, limitadas y restrictivas, en tanto que los Jueces Civiles del Circuito, en los demás casos no excluidos del proceso.
En suma, la atribución para conocer del proceso de insolvencia de las personas jurídicas -sociedades comerciales – es exclusiva de la Superintendencia de sociedades, según los términos y condiciones previstos en los artículos 2°1, 3°2, y 6°3 de la Ley 1116 de 2006.
1.Artículo 2.Ámbito de aplicación. Reglamentado por el Decreto Nacional 1038 de 2009. Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos de admisión de dichos patrimonios autónomos al trámite de insolvencia a que se refiere la presente ley .
2, Artículo 3.Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley:
1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias.
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito.
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial.
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
8. Las personas naturales no comerciantes.
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.
3Artículo 6.Competencia. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso:
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso.
Parágrafo 1. El proceso de insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única instancia. Las providencias que profiera el juez civil del circuito dentro de los trámites previstos en esta ley, solo tendrán recurso de reposición, a excepción de las siguientes contra las cuales procede el recurso de apelación, en el efecto en que respecto de cada una de ellas se indica:
1. La de apertura del trámite, en el devolutivo.
En tanto que, los Jueces Civiles del Circuito, si bien tienen competencia para conocer del régimen de insolvencia regulado en la mencionada Ley 1116 de 2006, solo lo hacen respecto de personas naturales comerciantes e irrestrictamente de los demás casos no excluidos del proceso de insolvencia.
En los anteriores términos, se ha dado contestación a su consulta, no sin antes advertirle que los efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo.
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Viernes, 05 Diciembre 2014 09:48
SuperSociedades facilita envío de estados financieros
Con el fin de generar mayor celeridad, descongestión y transparencia en la recepción en los estados financieros, la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular 201-00011 que permite a las sociedades enviar los anexos de sus informes vía internet.
En adelante, el informe de gestión, el dictamen del revisor fiscal, las notas explicativas y el documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados financieros cumplen lo dispuesto en la ley, podrán ser escaneados y remitidos a través de la página www.supersociedades.gov.co, explicó el superintendente, Francisco Reyes Villamizar.
Con esta medida se logra un ahorro importante de tiempo para las cerca de 30 mil empresas que reportan estados financieros a la Superintendencia, agregó Reyes Villamizar, tras señalar que los estados financieros se convierten en un insumo importante para medir los riesgos y oportunidades del sector real colombiano.
Este es el primer paso de una serie de medidas que pretenden facilitar los trámites que realizan los usuarios de la superintendencia agregó reyes Villamizar tras recalcar que uno de los objetivos de su administración es crear y consolidar herramientas que permitan a los usuarios de la entidad llevar todos sus trámites en línea.
“Estamos trabajando arduamente en el litigio digital. Con esta nueva herramienta se busca que los usuarios de la Superintendencia ahorren tiempo y dinero y que haya un mayor control procesal. Trabajamos para que las empresas y personas que requieran hacer demandas y adelantar procesos de insolvencia lo puedan hacer desde su oficina sin tener que efectuar largos desplazamientos hasta la entidad” agregó Reyes Villamizar tras recalcar que digitalizar toda la información de las empresas permitirá mayor celeridad, transparencia y descongestión de las entidades del Estado en beneficio de los usuarios.
Los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014, certificados y dictaminados, deberán ser entregados en miles de pesos, dentro de las fechas señaladas a continuación de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la sociedad:
En adelante, el informe de gestión, el dictamen del revisor fiscal, las notas explicativas y el documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados financieros cumplen lo dispuesto en la ley, podrán ser escaneados y remitidos a través de la página www.supersociedades.gov.co, explicó el superintendente, Francisco Reyes Villamizar.
Con esta medida se logra un ahorro importante de tiempo para las cerca de 30 mil empresas que reportan estados financieros a la Superintendencia, agregó Reyes Villamizar, tras señalar que los estados financieros se convierten en un insumo importante para medir los riesgos y oportunidades del sector real colombiano.
Este es el primer paso de una serie de medidas que pretenden facilitar los trámites que realizan los usuarios de la superintendencia agregó reyes Villamizar tras recalcar que uno de los objetivos de su administración es crear y consolidar herramientas que permitan a los usuarios de la entidad llevar todos sus trámites en línea.
“Estamos trabajando arduamente en el litigio digital. Con esta nueva herramienta se busca que los usuarios de la Superintendencia ahorren tiempo y dinero y que haya un mayor control procesal. Trabajamos para que las empresas y personas que requieran hacer demandas y adelantar procesos de insolvencia lo puedan hacer desde su oficina sin tener que efectuar largos desplazamientos hasta la entidad” agregó Reyes Villamizar tras recalcar que digitalizar toda la información de las empresas permitirá mayor celeridad, transparencia y descongestión de las entidades del Estado en beneficio de los usuarios.
Los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014, certificados y dictaminados, deberán ser entregados en miles de pesos, dentro de las fechas señaladas a continuación de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la sociedad:
Para conocer la Circular 201-00011 completa, haga clic aquí.
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Viernes, 05 Diciembre 2014 09:46
SuperSalud supervisará implementación de las NIIF en entidades vigiladas
La Superintendencia de Salud emitió la Carta Circular 000005 del 2014, mediante la cual busca orientar a sus entidades vigiladas en la convergencia e implementación hacia las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF. Asimismo, solicita información sobre este proceso.
En dicha circular se menciona la Clasificación de los preparadores de información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3 y establece el 15 de diciembre como fecha límite para que se reporte a la SuperSalud el formulario “Clasificación preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud”, que se encuentra en la página web de la entidad.
Además, cuenta con un anexo el cual contiene el instructivo para clasificación de preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud Grupos 1, 2 y 3.
Para conocer la Carta Circular 000005 de 2014, haga clic aquí.
En dicha circular se menciona la Clasificación de los preparadores de información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3 y establece el 15 de diciembre como fecha límite para que se reporte a la SuperSalud el formulario “Clasificación preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud”, que se encuentra en la página web de la entidad.
Además, cuenta con un anexo el cual contiene el instructivo para clasificación de preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud Grupos 1, 2 y 3.
Para conocer la Carta Circular 000005 de 2014, haga clic aquí.
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Jueves, 04 Diciembre 2014 08:39
DIAN fija valor de la UVT para 2015
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, fijó en $28.279 la Unidad de Valor Tributario – UVT que regirá a partir del 01 de enero de 2015, mediante Resolución número 000245 del 3 de diciembre de 2014.
A fin de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT, aplicables a las disposiciones de los impuestos y obligaciones tributarias administradas por la DIAN (Art. 868-1 del Estatuto Tributario), se multiplica el número de las UVT por el valor de las mismas, aproximando su resultado de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario en el Inciso Sexto del artículo 868.
Consulte al Resolución completa haciendo clic aquí.
A fin de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT, aplicables a las disposiciones de los impuestos y obligaciones tributarias administradas por la DIAN (Art. 868-1 del Estatuto Tributario), se multiplica el número de las UVT por el valor de las mismas, aproximando su resultado de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario en el Inciso Sexto del artículo 868.
Consulte al Resolución completa haciendo clic aquí.
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Jueves, 04 Diciembre 2014 08:37
Empresas más desarrolladas: resultado de afiliados en Trayectoria MEGA
35 compañías medianas culminaron un proceso de acompañamiento de dos años cuyo propósito fue definir sus metas empresariales grandes y ambiciosas: MEGAS.
La iniciativa fue posible gracias a la participación de 23 mentores (ejecutivos de reconocidas empresas del país) quienes invirtieron 749 horas en formación y transferencia de conocimiento a otros gerentes y administradores de compañías medianas con un determinado nivel de desarrollo.
La metodología incluyó el desarrollo de cinco módulos:
1. Entendimiento del mercado.
2. Direccionamiento estratégico.
3. Liderazgo y gente.
4. Herramientas para la ejecución de un plan estratégico.
5. Sostenibilidad y gobierno corporativo.
En total, se realizaron 74 plenarias de acompañamiento, se invirtieron 87 horas de capacitación y se hicieron tres tertulias de buenas prácticas empresariales.
Los logros se midieron por medio de tres indicadores: crecimiento proyectado, nivel de desarrollo logrado y satisfacción.
En promedio, las empresas proyectan crecer sus ventas 228 % al cierre del año establecido como meta para su mega, que oscila entre 2018 y 2020; además midieron su nivel de desarrollo mediante el diagnóstico empresarial al inicio y finalización del proceso y obtuvieron los siguientes resultados:
La iniciativa fue posible gracias a la participación de 23 mentores (ejecutivos de reconocidas empresas del país) quienes invirtieron 749 horas en formación y transferencia de conocimiento a otros gerentes y administradores de compañías medianas con un determinado nivel de desarrollo.
La metodología incluyó el desarrollo de cinco módulos:
1. Entendimiento del mercado.
2. Direccionamiento estratégico.
3. Liderazgo y gente.
4. Herramientas para la ejecución de un plan estratégico.
5. Sostenibilidad y gobierno corporativo.
En total, se realizaron 74 plenarias de acompañamiento, se invirtieron 87 horas de capacitación y se hicieron tres tertulias de buenas prácticas empresariales.
Los logros se midieron por medio de tres indicadores: crecimiento proyectado, nivel de desarrollo logrado y satisfacción.
En promedio, las empresas proyectan crecer sus ventas 228 % al cierre del año establecido como meta para su mega, que oscila entre 2018 y 2020; además midieron su nivel de desarrollo mediante el diagnóstico empresarial al inicio y finalización del proceso y obtuvieron los siguientes resultados:
En el evento de entrega de resultados se abrió asimismo la convocatoria para la segunda cohorte y ya 40 compañías manifestaron su interés de participar en el proceso que iniciará en enero de 2015 y se extenderá por dos años.
Afiliados en Trayectoria Mega es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con la ANDI Seccional Antioquia y Proantioquia.
Afiliados en Trayectoria Mega es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en alianza con la ANDI Seccional Antioquia y Proantioquia.
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Miércoles, 03 Diciembre 2014 06:25
Colombia y Barbados firman acuerdo para luchar contra la evasión y elusión tributaria
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, negociaron con el gobierno de Barbados el Acuerdo sobre Información en Materia Tributaria.
Este Acuerdo fue negociado teniendo en cuenta los estándares internacionales en esta materia y permite que la DIAN haga peticiones específicas de información de relevancia tributaria dentro de los procesos de fiscalización en Colombia, a las autoridades de Barbados. Así mismo, establece la posibilidad para que las autoridades competentes de ambos estados acuerden, en un futuro, intercambiar información tributaria de forma automática o espontanea.
Cabe resaltar, que dentro de la política de lucha en contra de la evasión y la elusión fiscal, uno de los aspectos que más relevancia adquiere es la posibilidad de efectuar intercambios de información tributaria entre diferentes jurisdicciones, dado que brinda transparencia a las operaciones internacionales, limitando el espectro en el cual los evasores y elusores pueden esconder sus maniobras.
Por ello, la legislación colombiana prevé normas que regulan de manera general el intercambio de información tributaria en el ámbito internacional. Sin embargo, para poder llevar a cabo el efectivo intercambio de esta información con otras jurisdicciones, es necesaria la suscripción de tratados internacionales que lo permitan.
Con la suscripción del Acuerdo, ambas jurisdicciones refuerzan su compromiso con la trasparencia fiscal internacional y la lucha contra la evasión y elusión tributaria.
Este Acuerdo fue negociado teniendo en cuenta los estándares internacionales en esta materia y permite que la DIAN haga peticiones específicas de información de relevancia tributaria dentro de los procesos de fiscalización en Colombia, a las autoridades de Barbados. Así mismo, establece la posibilidad para que las autoridades competentes de ambos estados acuerden, en un futuro, intercambiar información tributaria de forma automática o espontanea.
Cabe resaltar, que dentro de la política de lucha en contra de la evasión y la elusión fiscal, uno de los aspectos que más relevancia adquiere es la posibilidad de efectuar intercambios de información tributaria entre diferentes jurisdicciones, dado que brinda transparencia a las operaciones internacionales, limitando el espectro en el cual los evasores y elusores pueden esconder sus maniobras.
Por ello, la legislación colombiana prevé normas que regulan de manera general el intercambio de información tributaria en el ámbito internacional. Sin embargo, para poder llevar a cabo el efectivo intercambio de esta información con otras jurisdicciones, es necesaria la suscripción de tratados internacionales que lo permitan.
Con la suscripción del Acuerdo, ambas jurisdicciones refuerzan su compromiso con la trasparencia fiscal internacional y la lucha contra la evasión y elusión tributaria.
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Miércoles, 03 Diciembre 2014 06:25
Empresa privada se une al Pacto contra el Trabajo Infantil
14 empresas del sector privado se unieron a la iniciativa liderada por el Ministerio del Trabajo, apoyada por la OIT, Pacto Global Colombia y varios aliados estratégicos pertenecientes a organizaciones, gremios empresariales y entidades del Estado como el ICBF a lo que desde ahora se llama la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, que tiene como objetivo fundamental promover la erradicación de ese flagelo en el país.
Más de un millón 100 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en Colombia, razón por la cual el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, incluyó la lucha contra el trabajo infantil como uno de los cinco pactos bandera de su gestión al frente de esta Cartera.
La Red Colombia busca ser un referente regional de alianzas público privadas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, que evidencie con acciones concretas el liderazgo que tiene el Gobierno Nacional en la difusión de buenas prácticas.
Las empresas Aviatur, Cafam, Compensar, Codensa-Emgesa, Ecopetrol, Grupo Argos, Mineros S.A, Pacific Rubiales, Petro Combustion, Sator, Telefónica-Movistar y THX Energy; gremios como Asocaña, Asocolflores, así como los aliados estratégicos: ANDI, CREO, Fundación Universitaria del Área Andina, y los representantes de las entidades que apoyan este propósito como Organización Internacional del Trabajo-OIT, Pacto Global (iniciativa de las Naciones Unidas) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, firmaron hoy el compromiso que las une a esta Red.
El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas, dijo que aunque Colombia haya avanzado, continua siendo una vergüenza la cifra actual. "Ese pacto es un imperativo ético, ningún sindicalista ni empresario podría ponerle problema a la erradicación del trabajo infantil y los que están acá son el verdadero nervio del pacto, y vamos a ser muy exitosos", resaltó.
Así mismo, el Viceministro afirmó que para que el pacto sea eficaz, se tienen dos referentes fundamentales que son la política pública; que es la mejor Responsabilidad Social Empresarial-RSE que los empresarios logran identificar con la política pública del Estado y los principios del Pacto Global de Naciones Unidas. "Aquí ya logramos en política pública escribir en el borrador del Plan de Desarrollo 2015 -2018 esta Red, y en el próximo este va a ser un cometido fundamental del Gobierno". Enfatizó.
Para la conformación y articulación de esta labor se recogieron experiencias de países como Ecuador, Brasil y Argentina, quienes con éxito ya tienen consolidada esta Red.
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Martes, 02 Diciembre 2014 06:25
CCB emite resoluciones sobre desistimiento tácito 2014
Dando aplicación al artículo 17 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Vicepresidencia de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, ha iniciado el procedimiento de expedición de las resoluciones que decretan el desistimiento tácito de las peticiones de inscripción de documentos y constituciones en el registro mercantil y Esales.
A partir de la vigencia de la citada norma se encuentran devueltas de manera condicional y durante el transcurso del mes siguiente a su devolución no han sido adicionadas, aclaradas o modificadas en el sentido solicitado por parte del solicitante.
Haga clic para conocer las siguientes resoluciones:
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