La DIAN explicó las novedades introducidas en la Resolución 210 de 2025 que incluyó cambios y actualizó normas relacionadas con el ejercicio profesional de compra y venta de divisas en Colombia.

La entidad destacó los importantes avances normativos y tecnológicos que fortalecen la formalización y modernización de la actividad cambiaria, clave para la desarrollo y fortalecimiento de la economía nacional.

Entre los temas abordados, se destacan:

1. La profesionalización con sello de legalidad: La norma reafirma la importancia de contar con operadores formales y autorizados para la compra y venta de divisas. Este reconocimiento no solo legitima la labor de quienes cumplen con los requisitos del régimen cambiario, sino que también les otorga respaldo normativo para ejercer su actividad con transparencia, seguridad y acceso a herramientas tecnológicas de última generación.

2. Venta de divisas a domicilio: Tema que constituye una de las grandes novedades. Mediante una regulación clara, se habilita este servicio bajo parámetros que garantizan trazabilidad, verificación y cumplimiento del régimen cambiario, ofreciendo a los usuarios mayor comodidad, sin perder de vista la legalidad de la operación. Una oportunidad para ampliar el alcance del servicio y fidelizar nuevos clientes.

3. Dispensadores electrónicos de divisas: La Resolución 210 de 2025 da paso a un nuevo canal de distribución: los dispensadores automáticos de dinero en moneda extranjera. Esta medida permite a los profesionales del cambio autorizados, diversificar su portafolio de servicios, adaptarse a los retos de la modernidad y ofrecer atención 24/7, con respaldo normativo y tecnológico.

F4. actura electrónica y declaración de cambio: Como parte del fortalecimiento del control fiscal, la factura electrónica podrá sustituir la Declaración de Cambio - Formulario 18, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Banco de la República y la DIAN.

De esta forma, a través de la Resolución 210, se busca fortalecer el Sistema de Administración de Riesgos para la prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), que deben aplicar los profesionales de cambio en el ejercicio de la actividad de compra y venta de divisas.

Ante la persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo oficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, normativa que modificó el Decreto 1047 de 2024 para establecer una prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel.

La medida, firmada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, junto a la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, refuerza la política del presidente Gustavo Petro basada en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El decreto establece que desde el 18 de marzo de este año Israel aumentó su ofensiva bélica contra el pueblo palestino, generando un nuevo escalamiento del conflicto. “Como resultado, en el periodo comprendido entre el 18 de marzo y el 17 de junio de 2025, se ha reportado que 680.000 palestinos han sido desplazados, 5.334 palestinos han sido asesinados y 17.839 han sido heridos como consecuencia de la ofensiva bélica adelantada por Israel. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 18 de junio de 2025, al menos 55.637 palestinos han sido asesinados y 129.880 heridos por las acciones de Israel. Adicionalmente, se ha reportado un crecimiento en el número de personas asesinadas y heridas cuando intentan acceder a los suministros humanitarios de comida y otros bienes esenciales”, señala el decreto.

El Gobierno del Cambio considera que esta restricción contribuye a prevenir el genocidio del pueblo palestino y evita que los recursos naturales de Colombia aporten a la máquina de guerra del Estado de Israel.

Previo a la expedición de este nuevo decreto, el proyecto fue publicado y puesto a consideración de la opinión pública y de los grupos de interés entre el 28 de julio y el 15 de agosto. En este tiempo se recibieron las observaciones que se tuvieron en cuenta para la implementación de la norma.

El decreto estipula que la prohibición estará vigente hasta que se cumplan las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia o hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron la medida.

Fundamentos de la decisión
El decreto se sustenta en tres pilares esenciales:
1. Respeto a las normas imperativas del derecho internacional: las operaciones militares en Gaza han sido señaladas como una "grave transgresión" a normas imperativas como la obligación de prevenir y sancionar el genocidio, la prohibición del uso de la fuerza y las normas del Derecho Internacional Humanitario. Colombia, como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, reafirma su compromiso de cooperar para poner fin a estas graves violaciones.

2. Protección de los derechos humanos y de la población civil: el decreto busca proteger la vida y la dignidad humana, la primacía de los derechos de la persona y, de manera especial, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.

3. Coherencia como actor internacional: Colombia, al ser elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027, asumió la responsabilidad de actuar de forma coherente con los principios internacionales y de fortalecer el sistema multilateral de derechos humanos. Por ello, el país adopta medidas para evitar que las exportaciones de carbón sean utilizadas en cadenas de suministro que puedan contribuir a la consecución de un genocidio.

Como manifestó la ministra Diana Marcela Morales Rojas: “Esta decisión responde a un análisis exhaustivo y a la necesidad de evitar que el carbón colombiano contribuya a las actividades militares de Israel que, de acuerdo con organismos internacionales y como lo ha explicado el presidente Petro, vulneran principios y derechos fundamentales en la Franja de Gaza”.

Mecanismos que respaldan la medida
El Gobierno del Cambio ampara la decisión a través de convenios internacionales adoptados por Colombia, en normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en mecanismos que permite el Acuerdo Comercial entre Colombia e Israel.

Así, en 1945 Colombia aprobó la Carta de las Naciones Unidas en la que se defienden medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y además aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio.

Por otro lado, la OMC permite a sus miembros adoptar medidas que i) garanticen el concepto de moral púbica en un ámbito internacional. En este sentido la República de Colombia considera que el genocidio en contra del pueblo palestino es un crimen de lesa humanidad, que desconoce su estándar internacional de moral pública, así como ii) medidas en tiempos de guerra o de grave tensión internacional. Para Colombia, la situación en la Franja de Gaza amerita implementar medidas de ese tipo, como una forma de prevenir actos de genocidio.

Adicionalmente, desde octubre del 2024, y por primera vez, Colombia es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, elección que no solo le otorga al país voz y voto en las decisiones clave sobre la protección y promoción de los derechos humanos a nivel global, sino que también “conlleva el compromiso de actuar de manera coherente con los principios y obligaciones internacionales en la materia, y de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral de derechos humanos”.

Dado lo anterior, y que para Colombia las acciones de Israel son actos de genocidio y van en contra de normas internacionales que precisamente buscan prevenirlo, se restringen las exportaciones de carbón.

En cumplimiento del artículo 4.5.4, sobre eliminación de documentos, del Acuerdo 001 del 29 de febrero de 2024 del Archivo General de la Nación (AGN), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) publica durante sesenta (60) días hábiles los inventarios de documentos físicos que han cumplido su tiempo de retención, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental (TRD), y que, en consecuencia, pueden ser eliminados. Estos inventarios corresponden a 38 direcciones seccionales.

Los ciudadanos pueden enviar sus observaciones sobre el proceso de eliminación de documentos que han cumplido con su tiempo de retención, han perdido su valor administrativo, legal o fiscal, y no poseen valor histórico, de acuerdo con las TRD.

Durante el periodo de publicación, la ciudadanía puede remitir sus comentarios al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicando la siguiente información:

- Serie y subserie.
- Motivo de la observación (por qué considera que esa serie y subserie no deben eliminarse).

Una vez culmine el término de publicación, y con las observaciones recibidas, la DIAN contará con treinta (30) días hábiles para solicitar al Archivo General de la Nación que emita concepto técnico, para lo cual el AGN contará con sesenta (60) días hábiles a partir de la radicación.

El Archivo General de la Nación, con fundamento en lo requerido por los ciudadanos, podrá solicitar a la DIAN suspender el proceso de eliminación, ampliar el plazo de retención de los documentos de archivo y, de ser el caso, modificar su disposición final. Todo lo anterior se hará público en el sitio web de la entidad.

Consulte los inventarios disponibles para eliminación en el siguiente enlace: https://www.dian.gov.co/Paginas/Inventarios-documentales.aspx

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informa a la ciudadanía que se ha detectado una modalidad de estafa digital mediante el uso de sitios web falsos que suplantan la identidad institucional, como el portal www.diancolombia.co, el cual no pertenece ni está vinculado de ninguna manera con la DIAN.

Recientemente, un ciudadano denunció haber sido víctima de fraude a través de dicha página falsa, tras realizar consignaciones por más de $12.000.000 a personas que se hacían pasar por funcionarios de la DIAN, ofreciendo vehículos en supuestos remates judiciales. Los estafadores utilizaron nombres, cédulas, correos electrónicos y números de celular falsos para dar apariencia de legalidad a la operación.

Reiteramos que la DIAN no realiza ventas de vehículos, remates judiciales, ni subastas a través de plataformas externas o redes sociales.

Una vez conocida la situación y de acuerdo con los procedimientos establecidos para la atención de este tipo de incidentes, la DIAN procedió a realizar el reporte a las entidades estatales de ciberseguridad nacional para el bloqueo de este portal falso.

Recomendaciones de seguridad para evitar ser víctima de fraude:

- Verifique siempre la dirección web oficial: La página oficial de la DIAN es www.dian.gov.co. No confíe en sitios con nombres similares o terminaciones diferentes (.com, etc.).

- No realice pagos ni consignaciones sin verificar la autenticidad de la oferta y la identidad del funcionario. La DIAN no solicita pagos por WhatsApp, ni a través de enlaces enviados por correos electrónicos u otros medios informales.

- Desconfíe de ofertas demasiado atractivas o urgentes. Los estafadores suelen presionar para que la víctima del fraude actúe rápidamente.

- Evite compartir información personal o financiera por teléfono, correo electrónico o redes sociales.